Muerte de Nahel. El gobierno debe crear las condiciones para el apaciguamiento
Tras la muerte de Nahel y el estallido de cólera legítima que le siguió, la CGT condena la violencia, la extralimitación en materia de seguridad y las llamadas facciosas que están surgiendo.
Ha habido muertos y heridos graves en Guayana y en el departamento de la Seine Maritime. Numerosos lugares de trabajo han sido dañados o destruidos, incluidos servicios públicos esenciales para la vida en común. Empleados y agentes han sido víctimas de la violencia en el ejercicio de su trabajo.
La CGT pide a los empresarios que adopten las medidas necesarias para proteger al personal expuesto y adaptar los horarios de trabajo a las restricciones de transporte.
Frente a esta situación explosiva, las orientaciones políticas publicadas por los Ministerios de Interior y Justicia no contribuyen al apaciguamiento y la desescalada necesarios. Al contrario, proporcionan un terreno fértil a la extrema derecha, que utiliza la violencia para banalizar sus ideas y amenazar nuestra democracia.
Para romper la espiral destructiva de la violencia, la CGT exige, en primer lugar -y es una condición esencial-, que se haga justicia con Nahel. Hay que derogar la ley de 2017 que autoriza a la policía a disparar en caso de negativa a obedecer, y crear una autoridad de control policial verdaderamente independiente. También exigimos que la policía y la gendarmería apliquen inmediatamente medidas de desescalada y que las prefecturas garanticen la libertad de reunión, manifestación y circulación.
Además, deben lanzarse inmediatamente proyectos fundamentales para :
revisar nuestra policía republicana y sus vínculos con la población, comprometiéndose a trabajar a fondo en la formación, la gestión y las directrices policiales;
poner en marcha una política activa y firme de lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación en los servicios públicos y en el conjunto de la sociedad;
crear urgentemente un plan de refuerzo y financiación de los servicios públicos acorde con las necesidades de todo el país, con una perspectiva de justicia y diversidad social;
dotar a la escuela de los medios materiales y humanos necesarios para que cada niño, dondequiera que crezca en Francia, se convierta en un adulto libre y responsable, para que pueda desarrollar su potencial como persona, tanto en su vida personal como en el trabajo;
Resolver la crisis social y política que se manifiesta en Francia de diversas formas desde hace varios años, con actos de solidaridad, de revalorización del trabajo y de lucha contra la precariedad laboral, al contrario de las políticas aplicadas por el gobierno.
Del 22 al 23 de junio, el presidente francés Emmanuel Macron convocaba a una «cumbre por un nuevo pacto financiero mundial». Unos cuarenta jefes de estado, el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres, Ursula von Der Leyen, presidenta de la Union Europea, lo mismo que representantes de la finanza internacional (FMI, banco mundial, etc...) y de ONGs respondieron a la invitación.
La cumbre tuvo lugar en medio de la crisis política, institucional y social que sacude al país galo desde hace más de 8 meses, resultado de una reforma del sistema de pensiones que Macron impone a pesar del alto rechazo expresado en las multitudinarias manifestaciones y protestas. El grado de impopularidad del presidente francés, sin duda, incitó a los medios dominantes locales a invisibilizar el foro ante el temor de la protesta social que se hace presente en cada evento público del gobierno. Es así que el acto cultural previsto frente a la torre Eiffel para «amenizar» la cumbre no pudo evitar los gritos llamando Macron a dimitir.
Tres jefes de estado latinoamericanos hicieron presencia en la cumbre: Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Gustavo Petro.
El presidente cubano denunció las consecuencias nefastas del orden económico y financiero internacional actual, profundamente injusto, antidemocrático, especulativo y excluyente, que pesa en especial sobre los países en desarrollo. Diaz-Canel llamó a cambiar las bases actuales que determinan las relaciones Norte-Sur y la coexistencia en el planeta.
El presidente Lula por su parte señaló que si no se cambian las instituciones como la ONU y el FMI, los ricos seguirán siendo ricos y los pobres seguirán siendo pobres, consideró inaceptable la propuesta de acuerdo de la Unión Europea con Mercosur
El mandatario colombiano en su propuesta busca canjear la deuda externa de los países por acción climática. Para avanzar hacia una transición energética justa, los países de renta baja con grandes aspiraciones medioambientales podrían destinar los recursos para acciones que beneficien al planeta en lugar de pagar la deuda externa.
En su encuentro en el Instituto de Altos Estudios de America Latina de la Sorbonne Nouvelle (IHEAL) el presidente Gustavo Petro fue acogido con entusiasmo y alegría por la comunidad colombiana residente en Francia. Atrás quedó el tiempo en que los colombianos y las colombianas manifestaban a gritos su descontento ante un Alvaro Uribe o un Ivan Duque. La Colombia en el exterior, esa Colombia extendida, acudió al encuentro de un presidente que habla al mundo y expresa el sentir de su pueblo excluido.
El mandatario colombiano refiriéndose a las dificultades que encuentra el gobierno para hacer aprobar por el Senado de la República las reformas del sistema de salud, laboral y pensional, recordó como la Europa de la post-guerra logró un pacto social que hizo posible un «Estado Providencia»: derechos laborales, derechos a la salud y a la educación como único medio para incrementar el desarrollo productivo y el bienestar. Algo que la oligarquía colombiana se obstina en rechazar.
En su intervención señaló el racismo y el colonialismo imperantes que sobreviven y que son el origen mismo de la violencia, insistió sobre el hecho que solo la justicia social engendra la paz, al mismo tiempo denunció la alianza de los banqueros y de los medios, afirmando que el problema político mayor es el «omnicidio» es decir la extinción total de la vida en el planeta, y concluyó que el proyecto político de su gobierno es hacer de Colombia una potencia mundial de la vida.
Les 22 et 23 juin, le président français Emmanuel Macron a appelé à un "sommet pour un nouvel accord financier mondial". Une quarantaine de chefs d'Etat, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, Ursula von Der Leyen, présidente de l'Union européenne, ainsi que des représentants de la finance internationale (FMI, Banque mondiale, etc...) et d'ONG ont répondu à l'invitation.
Le sommet a eu lieu au milieu de la crise politique, institutionnelle et sociale qui secoue le pays français depuis plus de 8 mois, résultat d'une réforme du système de retraite que Macron impose malgré le fort rejet exprimé dans les manifestations massives. Le degré d'impopularité du président français a sans doute conduit les médias locaux dominants à rendre le forum invisible par crainte de la contestation sociale présente à chaque événement public gouvernemental. Ainsi, la manifestation culturelle prévue devant la Tour Eiffel pour "encourager" le sommet n'a pas pu éviter les cris réclamant la démission de Macron.
Trois chefs d'État latino-américains ont participé au sommet : Miguel Díaz-Canel, président de Cuba, Luis Ignacio Lula da Silva, président du Brésil, et Gustavo Petro, président de la Colombie.
Le président cubain a dénoncé les conséquences désastreuses de l'ordre économique et financier international actuel, profondément injuste, antidémocratique, spéculatif et excluant, qui pèse particulièrement lourd sur les pays en développement. Díaz-Canel a appelé à changer les bases actuelles qui déterminent les relations et la coexistence Nord-Sud sur la planète.
Le président Lula, pour sa part, a souligné que si des institutions telles que l'ONU et le FMI ne sont pas modifiées, les riches resteront riches et les pauvres resteront pauvres, il a jugé inacceptable le projet d'accord entre l'Union européenne et le Mercosur.
Le président colombien dans sa proposition vise à échanger la dette extérieure des pays contre une action climatique. Pour avancer vers une transition énergétique juste, les pays à faible revenu ayant de fortes aspirations environnementales pourraient allouer des ressources à des actions qui profitent à la planète au lieu de rembourser la dette extérieure.
Lors de sa rencontre à l'Institut des hautes études d'Amérique latine de la Sorbonne Nouvelle (IHEAL), le président Gustavo Petro a été accueilli avec enthousiasme et joie par la communauté colombienne résidant en France. Fini le temps où les Colombiens et les Colombiennes criaient leur mécontentement devant un Alvaro Uribe ou un Ivan Duque. La Colombie à l'étranger, cette Colombie élargie, est venue rencontrer un président qui parle au monde et exprime les sentiments de son peuple exclu.
Le président colombien, évoquant les difficultés rencontrées par le gouvernement pour faire approuver par le Sénat les réformes des systèmes de santé, du travail et des retraites, a rappelé comment l'Europe d'après-guerre a conclu un pacte social qui a rendu possible un "État providence": droits du travail, les droits à la santé et à l'éducation comme seuls moyens d'accroître le développement productif et le bien-être. Ce que l'oligarchie colombienne s'obstine à rejeter.
Dans son discours il a pointé le racisme et le colonialisme ambiants qui survivent et qui sont à l'origine même de la violence, il a insisté sur le fait que seule la justice sociale engendre la paix, en même temps il a dénoncé l'alliance des banquiers et des médias, affirmant que le plus gros problème politique est "l'omnicide", c'est-à-dire l'extinction totale de la vie sur la planète, et a conclu que le projet politique de son gouvernement est de faire de la Colombie une puissance mondiale de la vie.
Un nouveau paradigme financier capable de mieux protéger les pays du Sud contre le réchauffement climatique et l'endettement est à l'ordre du jour d'un sommet international qui se tiendra à la Bourse de Paris, le Palais Brogniart, ce jeudi et vendredi 22 et 23 juin 2023, avec des chefs d'état, des directeurs d'institutions et des experts du climat.
L'hôte, la France, présente le "Sommet pour un nouveau pacte financier mondial" comme un laboratoire d'idées, capable de recueillir des appuis et de dessiner une "feuille de route" pour d'autres événements internationaux à court et moyen terme.
Sur la table, des idées telles qu'une taxe sur le commerce maritime, l'augmentation de la capacité de prêt du Fonds monétaire international (FMI) et des banques régionales de développement, l'allégement de la dette des pays les plus vulnérables et une meilleure mobilisation du secteur privé.
L'objectif présenté par le président français : créer de la force financière pour lutter contre trois crises interconnectées, comme la lutte contre la pauvreté, la décarbonation de l'économie et la protection de la biodiversité.
Lors de la réunion, précédée mercredi par la réunion annuelle du Club de Paris, plus de 80 pays seront représentés -la Russie n'en fait pas partie car elle n'était pas invitée-, et plus de 40 chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus. Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, son homologue colombien, Gustavo Petro, et le Cubain, Miguel Díaz-Canel, participeront au sommet, selon l'organisation.
Le Premier ministre chinois Li Qiang, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la vice-présidente du gouvernement espagnol Nadia Calviño sont également attendus.
La réunion se déroulera dans un contexte de méfiance des pays du Sud, qui se plaignent que les nations du Nord disent qu'elles n'ont pas d'argent pour aider à lutter contre le changement climatique et la pauvreté, mais qu'elles ont de l'argent pour soutenir l'Ukraine ou renflouer les banques américaines.
"C'est très bien de parler de l'architecture financière internationale, mais nous avons besoin de délais, et pour le moment nous ne les voyons pas", a déclaré Sara Jane Ahmed, conseillère financière du V20, un groupe de 58 pays vulnérables, qui comprend onze nations d'Amérique Latine et des Caraïbes dont la Colombie, le Costa Rica et le Honduras. "Si on commence à faire tout ça dans les années 2030, ce sera beaucoup plus cher et les solutions seront beaucoup plus difficiles", a-t-elle prévenu.
Les besoins sont immenses. Un groupe d'experts indépendants créé à l'initiative de l'ONU a estimé que d'ici 2025 les pays en développement, hors Chine, devraient investir plus de mille milliards de dollars par an pour répondre à la crise climatique.
Taxe sur le commerce maritime
La présidence française annonce vouloir donner un "élan politique" à l'idée d'une taxe internationale sur les émissions de carbone du commerce maritime, à quelques jours d'un grand rendez-vous de l'Organisation maritime internationale (OMI).
Selon les experts, cette taxe pourrait rapporter 20 000 millions de dollars par an. Les débats aborderont d'autres initiatives, comme l'idée de suspendre le paiement de la dette en cas de catastrophe naturelle, fortement défendue par la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley.
Sur la table, il y a également l'idée de la taxe internationale sur les transactions financières, qui a très peu de chances de se concrétiser.
La Banque interaméricaine de développement (BID), représentée par son président Ilan Goldfajn, et d'autres institutions régionales seront invitées à accroître leur capacité de prêt, alors que la Banque mondiale a annoncé qu'elle prêterait 50 milliards de dollars supplémentaires au cours de la prochaine décennie aux pays qui en ont besoin.
Le nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Banga, sera à Paris, tout comme la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva.
Parmi la "boîte à outils" des solutions possibles, il y a justement l'idée de recycler 100 000 millions de dollars de droits de tirage spéciaux, la monnaie de réserve du FMI.
Ambition et réalité
"Le mérite d'un événement de ce type est de mettre de nombreuses questions au centre des conversations internationales, et de les sortir de leur niche", a déclaré à l'AFP Louis-Nicolas Jandeaux, de l'ONG Oxfam. Cependant, Jandeaux a souligné "l'écart entre l'ambition initiale et la réalité".
Friederike Roder de Global Citizen, une organisation internationale de lutte contre l'extrême pauvreté, a déclaré qu'un signe encourageant lors de l'événement de Paris serait que les pays riches montrent qu'ils sont capables de tenir leurs promesses. Parmi elles, celle de contribuer avec 100 000 millions de dollars par an aux pays les plus vulnérables pour les aider à réduire leurs émissions et à s'adapter au changement climatique, un chiffre annoncé pour 2020 et qui pourrait être atteint cette année... avec trois ans de retard !
Lors du débat sur le contrôle politique du budget pour la période 2022-2023, qui a eu lieu à la Septième Commission du Sénat, la ministre du Travail, Gloria Inés Ramírez, a réitéré qu'il est nécessaire de récupérer lareconnaissance du travail de nuit.
"C'est un processus de justice sociale et c'est un engagement du programme de gouvernement du président Gustavo Petro et de ce ministère", a-t-elle ajouté.
« Il est important d'encourager le bien-être des travailleurs qui font de grands efforts, avec le travail de nuit qui affecte l'organisation familiale. C'est pourquoi il doit être reconnu par la loi, nous proposons donc que le travail décent soit reconnu, conformément aux accords internationaux. C'est nécessaire pour que nous nous transformions", a-t-elle souligné.
Elle a assuré qu'il y a un intérêt à récupérer la définition de la journée de travail d'avant la loi 789 de 2002, relative aux quarts de jour et de nuit. "Le débat est centré sur la récupération de la journée de travail de 06h00 à 18h avec une période de travail de nuit de 18 heures à 6h00 du matin. C'est un débat dans le pays, mais je tiens à répéter que depuis 2002, quand la loi de suppression du travail de nuit a été promulguée comme "instrument pour générer 600 000 emplois", cet objectif n'a pas été atteint".
Elle a expliqué qu'une heure de travail avec un salaire minimum d'1 million de pesos vaut 4 166 $ de 6 heures du matin à 18 heures, que la journée de travail qui est de 8 heures, est payée d'ordinaire comme si 2 ou 3 heures de plus sont travaillées. Le supplément de nuit doit être considéré : c'est un effort fourni par le travailleur. Le minimum est qu'il soit reconnu.
Rappelons que la surtaxe de nuit équivaut à 35 % d'une heure travaillée, c'est-à-dire que pour un salaire minimum, la surtaxe de nuit est de 1 458 $.
Enfin, la ministre du travail a assuré que l'investissement 2022 pour le ministère du Travail est de 319 756 millions de dollars et que pour 2023, 366 000 millions de dollars sont demandés.
Le sénateur parle de la rencontre avec l'ELN (Armée de Libération Nationale) à Cuba et du plan de paix totale qui inclut les dissidents des FARC et les trafiquants de drogue.
Cambio : Comment s'est passée la rencontre à La Havane avec le gouvernement cubain et avec l'ELN ?
Iván Cepeda : Je crois qu'après une période de quatre ans marquée par l'absence d'efforts et de tentatives de paix, cette visite à La Havane montre un modèle et un style totalement différents. En premier lieu, la reconnaissance du rôle que les pays garants ont joué dans ce processus et en particulier celui de Cuba, qui a une longue histoire de plus de quatre décennies de contributions à la paix en Colombie. Cette reconnaissance comprend non seulement la validation des protocoles qui ont servi de support juridique aux actions de Cuba et de la Norvège dans le processus de paix avec l'ELN, mais aussi la reconnaissance du droit international qui avait été ouvertement ignoré par le gouvernement précédent. Et deuxièmement, l'ouverture d'une possibilité certaine et réelle de relancer les pourparlers de paix avec la délégation désignée par l'ELN à cet effet, et l'ouverture de la possibilité que ces pourparlers puissent reprendre dans un bref délai. Bref, ce gouvernement a fait en 48h ce que l'ancien président Iván Duque n'a pas fait en 4 ans.
Cambio : Pourquoi insister sur Cuba alors que l'évocation de ce pays suscite des susceptibilités dans de vastes secteurs de la politique américaine ? Ne serait-il pas plus pratique d'aller avec la table de négociation en Norvège, par exemple, qui est un scénario qui suscite moins d'inquiétudes ?
Iván Cepeda : Cette question, comme beaucoup d'autres liées à la relance des pourparlers, n'a pas été abordée bilatéralement. De ce point de vue, cela signifie qu'il existe de multiples options et propositions qui n'ont pas encore été examinées ensemble. Cependant, et je le dis à titre personnel, une considération qui justifierait de garder Cuba comme lieu des pourparlers est que l'expérience montre que les pourparlers qui ont eu lieu sous l'hospitalité du gouvernement cubain ont été couronnés de succès. Et cela est dû à différentes circonstances que je ne détaillerai pas. J'ajouterais que Cuba a été reconnue internationalement pour ces efforts. Je ne pense donc pas que la décision de poursuivre les dialogues sur son territoire puisse engendrer des conflits ou des préjugés.
Cambio : Et donc de quoi avez-vous parlé ?
Iván Cepeda : Mon expérience en la matière me dit qu'il vaut toujours mieux s'en tenir aux déclarations officielles. Non pas dans ce cas par devoir de réserve, mais plutôt en raison de l'exactitude et de la minutie. Mais si la question concerne ce qui a été discuté avec la délégation de l'ELN, en somme, il s'agit concrètement de la volonté de relancer cette nouvelle étape du processus.
Cambio : Relancer signifie-t-il que vous ne repartirez pas de zéro ?
Iván Cepeda : Dans une récente interview au CM&, le chef de file de l'ELN l'a reconnu lorsqu'il a utilisé le verbe reprendre pour désigner l'action qui régulerait cette nouvelle étape des pourparlers.
Cambio : A ce niveau, c'est une bonne nouvelle que l'on puisse repartir de ce qui a déjà été avancé. Dans cette même interview avec CM&, le haut dirigeant de l'ELN, Antonio García, souligne qu'ils ne sont pas disposés à négocier un accord dans lequel les trafiquants de drogue sont inclus.
Iván Cepeda : Oui, cette distinction est fondamentale et nous l'avons présentée à tous moments. La distinction entre groupes armés insurgés et organisations liées exclusivement aux économies illicites est non seulement maintenue mais constitue aussi un critère de définition du processus à développer en chaque circonstance. Avec l'Armée de Libération Nationale, le gouvernement du président Petro a proposé la reprise d'une table de négociation et de pourparlers de paix qui doivent aboutir à un accord politique. Avec des organisations telles que les AGC (Autodéfenses Gaïtanistes de Colombie) ou le Clan du Golfe, le gouvernement a proposé un dialogue visant un processus d'acceptation de la justice qui a une nature clairement différente de celle d'un accord politique.
Cambio : Laissez-moi vous dire quelque chose. Je crois que le mot "acceptation" est à l'origine de la confusion sur le sujet. Historiquement, il a été question de se soumettre à la justice et maintenant le ministre des Affaires étrangères Leyva a commencé à parler d'acceptation. Cela signifie-t-il que les groupes de trafiquants de drogue feront l'objet d'un traitement politique ?
Iván Cepeda : Pas du tout. Cela signifie que des dialogues ou des approches seront présentés qui conduisent au démantèlement ou à la désactivation de ces structures dans le cadre d'un instrument normatif qui permet d'obtenir des avantages judiciaires si une série d'exigences clairement déterminées sont remplies. Ces dialogues n'impliquent pas une négociation, mais de trouver le moyen de rendre cette procédure viable. Dans ces processus, en outre, l'État doit aborder la situation des territoires dans lesquels ces groupes ont exercé leur influence et leur présence. Donc ces mesures judiciaires seront accompagnées d'autres mesures qui répondent aux besoins spécifiques de ces populations dans le cadre, non pas d'une négociation, mais d'un devoir constitutionnel.
Cambio : Plus précisément, quelle est la différence entre l'acceptation et la soumission ?
Iván Cepeda : L'acceptation implique le rapprochement et les dialogues que je viens d'évoquer. Pas la soumission
Cambio : C'est-à-dire que la loi qui sera appliquée pour punir leurs crimes sera discutée avec les groupes de narcotrafiquants ?
Iván Cepeda : Non.
Cambio : Et alors ?
Iván Cepeda : Les délais, les détails opérationnels et logistiques pour mener à bien cette tâche seront discutés comme cela a été fait à d'autres occasions. Ce n'est pas nouveau. Il y a déjà eu d'autres expériences dans le passé comme celle menée dans le gouvernement Uribe.
Cambio : Est-ce à dire que vous appréciez ce qui a été fait dans le gouvernement Uribe avec les paramilitaires ?
Iván Cepeda : Toute expérience en matière de paix est utile, y compris celles qui ont eu lieu à cette époque. C'est en cela que consiste la politique de paix d'un État. En Colombie, nous devons abandonner au plus vite l'idée que la paix est une question idéologique ou partisane et non un problème national.
Cambio : Le problème est qu'il existe une autre expérience historique de négociation avec les trafiquants de drogue. Il s'agit de ce qui s'est passé pendant le gouvernement de César Gaviria avec les décrets de soumission à la justice du cartel de Medellín et particulièrement de Pablo Escobar. Ça s'est presque bien passé avec les Ochoa et mal avec Pablo Escobar.
Iván Cepeda : Je dirais qu'il faut intégrer les expériences utiles et positives.
Cambio : L'avant-projet de loi établit trois conditions pour que les organisations criminelles puissent demander des avantages : qu'il s'agisse d'une structure criminelle organisée; qu'elle ait un contrôle territorial et la capacité de mener des opérations soutenues contre la force publique. Ne pensez-vous pas qu'ils peuvent violemment rechercher l'accomplissement de ces conditions ? N'est-ce pas une incitation perverse?
Iván Cepeda : Non, je ne le pense pas car, selon moi, ce qui a renforcé les réseaux de narcotrafiquants et leurs organisations, ce ne sont pas les formules de recours à la justice mais plutôt le modèle de guerre contre le narcotrafic et l'action uniquement policière et punitive. C'est le cycle dans lequel nous nous trouvons depuis des décennies, et qui a montré son échec retentissant.
Le président colombien, Gustavo Petro, a énergiquement averti les commandants militaires et policiers du pays qui souhaiteraient conserver leur CV en bon état. Il leur a ordonné ce samedi d'empêcher que des massacres soient commis et que des dirigeants sociaux soient assassinés, car cela affectera leur état de service.
"La commission de massacres et leur impunité dans les juridictions des commandements militaires et policiers affecteront les CV des commandants", a déclaré Petro sur Twitter, un jour après le renouvellement de la direction militaire et policière.
Au lendemain d'un appel à disposer d'une force publique loin de la corruption et oeuvrant pour les droits de l'homme et la paix, le président a souligné que désormais "chaque commandement militaire ou policier doit veiller dans sa juridiction à neutraliser au mieux la commission de massacres et la mort de dirigeants sociaux ».
La Colombie est plongée dans une recrudescence de la violence à la suite de l'affrontement entre groupes armés illégaux qui a particulièrement touché la population civile des régions les plus reculées. Ce même samedi, l'Institut d'études pour le développement et la paix INDEPAZ a dénoncé le 62e massacre commis jusqu'à présent cette année en Colombie, qui a eu lieu dans le département de La Guajira (nord), où trois hommes ont été tués. Les victimes, dont l'identité est inconnue pour le moment, ont été agressées par des personnes «lourdement armées».
INDEPAZ a également fait état ce samedi de l'assassinat de Diomedes Bermúdez Aguirre, signataire de l'accord de paix avec les FARC qui était en cours de réincorporation dans le département de Tolima (centre-sud).
Bermúdez a été attaqué par des hommes armés alors qu'il voyageait entre les municipalités de Rovira et Roncevaux, et il est le premier démobilisé tué depuis que Petro a pris la présidence le 7 août.
Jusqu'à présent en 2022, 32 signataires de la paix ont été assassinés en Colombie, un chiffre qui est passé à 338 depuis 2016, date à laquelle l'accord avec les FARC a été conclu.
Ces derniers mois, certains des épisodes les plus sombres du pays ont également été relancés avec la dénonciation de deux affaires dans lesquelles l'Armée et la Police ont été accusées d'être à l'origine de "faux positifs", comme on appelle les exécutions de civils.
Dans ce contexte, le président colombien a lancé vendredi un appel à promouvoir une force publique centrée sur "la politique de sécurité humaine (...) pour garantir la paix, la réduction de la violence, de la criminalité, garantir l'accroissement substantiel du respect des droits de l'homme et libertés civiles, comme il se doit dans toute démocratie ».
"Zéro corruption et zéro violation des droits de l'homme" seront donc les préceptes qui régiront les forces armées et la police dans les quatre prochaines années, a affirmé le président.
Le Système National de Soins est un engagement fondamental du Programme gouvernemental "Colombie, Puissance Mondiale de la Vie", un engagement qui reprend la demande historique des femmes pour la reconnaissance, la redistribution et la réduction du travail domestique et des soins non rémunérés.
Le décret 1228 du 18 juillet 2022 établit la création et le fonctionnement de la commission intersectorielle de la politique nationale de soins qui a, parmi ses pouvoirs, celui de "définir les orientations techniques et les stratégies de mise en œuvre de la politique nationale de soins" (Art.4) . Une tâche importante pour le nouveau gouvernement sera de vérifier que cette instance soit harmonisée avec d'autres développements réglementaires et les instances existantes en la matière, telles que la loi 1413 de 2010 et la table intersectorielle pour l'économie des soins. Il s'agira d'éviter les échecs et d'en tirer des leçons ainsi que de maintenir la participation de la société civile dans les discussions sur la création du Système National de Soins et la Politique Publique qui le mettra en mouvement.
Les approches à partir desquelles le système national de soins doit être construit sont fondamentales dans sa conception, il est donc attendu qu'elles partent des approches féministes, de genre, antiracistes, anti-capacité, intersectionnelles et territoriales, et soient guidées par les principes de la dignité humaine, de l'autonomie, du droit de participer à la vie de la communauté et du plein épanouissement des projets de vie de toutes et tous.
Le développement d'un système national de soins doit répondre au vieillissement de la population et à la demande croissante de soins de longue durée. Il doit aussi reconnaître que la vie dans la société dépend des soins et que les femmes sont celles qui effectuent la plupart de ces tâches avec peu ou aucune reconnaissance sociale et économique.
En ce sens, des progrès doivent être accomplis vers la pleine reconnaissance que le travail de soins est un secteur économique important, composé à la fois des personnes qui exercent des activités de soins non rémunérés, qui peuvent représenter jusqu'à 21 % du PIB, et de celles et ceux qui le font de manière rémunérée, mais avec des conditions d'emploi précaires, comme les travailleuses domestiques, le personnel de santé et d'éducation, tant dans les espaces urbains que ruraux ; ONU Femmes Colombie en 2022, a calculé qu'au moins 688 000 personnes effectuent ces tâches, dont 94% sont des femmes. Par conséquent, il est nécessaire d'établir des normes du travail pour à la fois rendre digne l'emploi rémunéré et reconnaître le travail de soins non rémunéré.
Le système doit fournir une infrastructure sociale et matérielle de soins qui réduise le travail de soins. La base de l'infrastructure sociale, ce sont les travailleuses et travailleurs du secteur des soins, de sorte que le système doit récompenser adéquatement les travailleuses et les travailleurs des soins, en leur garantissant des conditions de travail décentes et en développant leur représentation dans les organisations.
Des ressources budgétaires doivent être allouées aux différents secteurs pour permettre une prestation efficace et équitable des services de soins. La politique doit garantir que les ménages qui ne peuvent pas contracter des services de soins privés peuvent accéder à des services publics et/ou communautaires de qualité.
Concernant les services communautaires, il existe déjà dans le pays des expériences de prise en charge. Il est particulièrement important d'identifier et d'accompagner techniquement les femmes de la ruralité, afin qu'elles puissent renforcer leurs capacités. Les peuples ethniques ont également développé des stratégies de soins collectifs et de participation à la société pour les personnes handicapées et les personnes âgées, qui montrent l'importance de maintenir ces personnes en tant que partie active des communautés, ce qui contribue à son tour à la redistribution du travail de soins.
Le Système National de Soins ne doit pas être confondu avec un programme de soins. Il doit chercher à transformer à la fois la division sexuelle du travail et les inégalités de droits, d'opportunités et de représentation des femmes.
Les soins sont une responsabilité de la société et doivent donc être défamiliarisés et déféminisés. Ainsi, le Système National de Soins a le défi de ne pas approfondir la dichotomie entre qui soigne et qui est soigné.e, en évitant de concentrer ses efforts institutionnels uniquement sur l'un.e des deux. Le système devrait se concentrer sur la transformation des conditions structurelles qui empêchent certaines personnes de participer activement à la société et générer des opportunités pour toutes et tous de développer leurs propres projets de vie, évitant ainsi à d'autres personnes -généralement des femmes- d'être surchargées face aux charges non rémunérées du travail de soins et montrant que non seulement les familles ont la responsabilité des personnes handicapées, mais aussi l'État et la société.
En ce sens, les subventions et la reconnaissance économique du travail de soins ne doivent pas être subordonnées au fait qu'une personne est considérée comme un sujet passif de soins, tandis qu'une autre se consacre aux soins, mais elles doivent favoriser les opportunités pour que toutes les personnes prises en charge dans des relations de soins puissent développer pleinement leurs capacités, leurs compétences, leurs projets de vie et participer pleinement à leur communauté, renforçant les politiques d'inclusion scolaire et d'employabilité des femmes, mais aussi des personnes handicapées.
Cela implique de générer des actions d'articulation institutionnelle et d'offre de services qui considèrent les soins dans les compétences des institutions étatiques, tant au niveau national que territorial, ce qui implique une adaptation des services actuels et la création de nouveaux services. Le Système National de Soins ne peut pas être une somme de ce qui existe déjà, sans faire des analyses et des ajustements respectifs. Ainsi, on s'attend à ce qu'aucune barrière ne soit créée dans l'architecture de l'État pour le développement d'activités qui cherchent à générer des conditions pour «vivir sabroso» (Le vivre délicieux ?), qui ne sont rien de plus que des conditions de vie décentes pour toute la société.
Cela implique également de renforcer les processus d'aide à la personne des personnes handicapées, afin que l'accompagnement spécifique dont elles peuvent avoir besoin soit assuré par l'État et dépende d'autres personnes que leur famille. Cela renforce à la fois la valeur sociale accordée aux personnes qui effectuent un travail de soins rémunéré, tout en libérant du temps pour celles et ceux qui se considèrent comme des «aidant.es». Cela peut protéger aussi les personnes handicapées, en particulier les femmes, des multiples formes de violence qu'elles peuvent recevoir en le milieu familial.
De plus, la reconnaissance sociale de la pleine participation des personnes handicapées peut favoriser des processus de désinstitutionnalisation des personnes handicapées, favorisant des modèles de vie communautaire avec des systèmes de soutien et d'assistance personnelle qui, comme l'ont montré les expériences internationales, sont plus efficaces pour les dépenses publiques.
Le changement que la Colombie attend avec l'élection du Pacte historique doit mettre au centre un système dans lequel l'État assume un rôle de gardien pour redistribuer et réduire le travail de soins qui incombe principalement aux femmes, générant le développement de conditions et d'opportunités qui permettent la pleine participation de toutes et tous à la société et le développement de projets de vie dans des conditions de dignité et d'autonomie pour bien vivre.
Afin de réaliser LE CHANGEMENT AVEC LES FEMMES, il sera non négociable que cet engagement se reflète par des éléments forts et des arguments de poids dans le Plan de développement national. C'est la raison pour laquelle "l'équipe de l'empalme" a construit une première contribution pour que nous, femmes de Colombie, poursuivions cette discussion et ce pari sur la Colombie, Puissance Mondiale de la Vie.
El Sistema Nacional de Cuidados es una apuesta fundamental del Programa de Gobierno "Potencia Mundial de la Vida", una apuesta que retoma la demanda histórica de las mujeres para el reconocimiento, redistribución y reducción del Trabajo de Hogar y de Cuidado No Remunerado.
El Decreto 1228 del 18 de julio de 2022 establece la creación y funcionamiento de la Comisión Intersectorial de la Política Nacional de Cuidado, la cual tiene entre sus competencias la de “definir los lineamientos técnicos y las estrategias para la implementación de la Política Nacional de Cuidado” (Art.4). Será una tarea importante del nuevo gobierno revisar que esta instancia se armonice con otros desarrollos normativos e instancias existentes en la materia, como la Ley 1413 de 2010 y la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado de modo que se eviten retrocesos y se retomen lecciones aprendidas, así como para que se mantenga la participación de la sociedad civil en las discusiones sobre la creación del Sistema Nacional de Cuidados y de la Política Pública que lo pondrá en marcha.
Los enfoques a partir de los cuales se debe construir el Sistema Nacional de Cuidados son fundamentales en su concepción, por lo que se espera que al menos partan de los enfoques feminista, de género, antirracista, anticapacitista, interseccional y territorial, y que se guíe por los principios de dignidad humana, autonomía, el derecho a la participación en la vida en comunidad y el pleno desarrollo de proyectos de vida para todas las personas.
El desarrollo de un Sistema Nacional de Cuidados deberá atender al envejecimiento poblacional y la creciente demanda de cuidados de larga duración, así como reconocer que la vida en sociedad depende del cuidado, y que las mujeres son quienes realizan la mayor parte de estas labores con poco o nulo reconocimiento social y económico.
En ese sentido, se debe avanzar hacia el reconocimiento pleno de que el Trabajo de Cuidado es un Sector Económico importante, compuesto tanto por quienes realizan actividades de cuidado no remuneradas, las cuales pueden representar hasta 21% del PIB, como aquellas que lo hacen de forma remunerada, pero con condiciones de precarización laboral, como son trabajadoras domésticas, personal de salud y de educación, tanto en los espacios urbanos como rurales; Onu Mujeres Colombia en el 2002, calculó que al menos 688 mil personas desempeñan estas labores, de las cuales el 94% son mujeres. Por tanto, es necesario establecer normas laborales para simultáneamente dignificar el empleo remunerado y reconocer el trabajo de cuidados no remunerado.
El Sistema debe proveer una infraestructura social y física de cuidado que reduzca el trabajo de cuidado. La base de la infraestructura social son las y los trabajadores del sector de cuidado, por lo que el sistema debe recompensar de manera adecuada a las y los trabajadores del cuidado, garantizarles condiciones de trabajo dignas y promover su representación en organizaciones.
Se deben asignar recursos presupuestales para los diferentes sectores que permitan la provisión eficiente y equitativa de los servicios de cuidados. La política debe garantizar que los hogares que no pueden contratar servicios de cuidado privados puedan acceder a servicios públicos y/o comunitarios de calidad.
Frente a los servicios comunitarios, en el país ya existen experiencias de cuidado, particularmente es importante identificar y acompañar técnicamente a mujeres rurales, para que puedan fortalecer sus capacidades. También los Pueblos Étnicos han desarrollado estrategias de cuidado colectivo y de participación en sociedad de personas con discapacidad y adultas mayores, que dan cuenta de la importancia de mantener a estas personas como parte activa de sus comunidades, lo que contribuye a su vez a la redistribución del trabajo de cuidado.
El Sistema Nacional de Cuidados no debe confundirse con un programa asistencial. Debe ocuparse de transformar tanto la división sexual del trabajo, como las desigualdades de derechos, oportunidades y representación de las mujeres.
El cuidado es una responsabilidad de la sociedad y por tanto hay que desfamiliarizarlo y desfeminizarlo. Así, el Sistema Nacional de Cuidado tiene el reto de no profundizar la dicotomía entre quién cuida y quién es objeto de cuidados, evitando poner sus esfuerzos institucionales sólo en uno de los dos. El Sistema deberá centrarse en la transformación de las condiciones estructurales que hacen que algunas personas no puedan participar activamente en la sociedad y generar oportunidades para que todas desarrollen sus propios proyectos de vida, previniendo así que otras personas -generalmente mujeres- tengan una sobrecarga frente al trabajo de cuidado no remunerado y evidenciando que no solo las familias tienen la responsabilidad de las personas con discapacidad sino el Estado y la sociedad.
En ese sentido, subsidios y reconocimientos económicos al trabajo de cuidado no deberán supeditarse a que haya una persona que se considera sujeto pasivo de cuidado, mientras que otra se dedica a cuidar, sino que deberán promover oportunidades para que todas las personas en las relaciones de cuidado puedan desarrollar plenamente sus capacidades, habilidades, proyectos de vida y participar plenamente en su comunidad, fortaleciendo las políticas de inclusión educativa y de empleabilidad para las mujeres, pero también para las personas con discapacidad.
Esto implica generar acciones de articulación institucional y de oferta de servicios que consideren el cuidado dentro de las competencias de las instituciones del Estado, tanto a nivel nacional como territorial, lo que implica una adecuación de los actuales servicios y generar nuevos; el Sistema Nacional no puede ser una suma de lo que ya existe, sin hacer análisis y los respectivos ajustes. Así, se espera que no se generen barreras en la arquitectura del Estado para el desarrollo de actividades que buscan generar condiciones para “vivir sabroso”, que no es otra cosa que condiciones de vida digna para toda la sociedad.
También implica fortalecer los procesos de asistencia personal para personas con discapacidad, de modo que los apoyos específicos que puedan requerir se provean por el Estado y dependan de personas distintas a sus familias. Esto simultáneamente fortalece el valor social que se otorga a personas que realizan trabajo de cuidado remunerado, mientras que permite liberar tiempo a quienes se consideran a sí mismas “cuidadoras”, además de proteger a personas con discapacidad, particularmente mujeres, de múltiples formas de violencia que pueden recibir en el ámbito familiar.
Adicionalmente, el reconocimiento social de la participación plena de las personas con discapacidad, podrá promover procesos de desinstitucionalización de personas con discapacidad, privilegiando modelos de vida en comunidad con sistemas de apoyos y asistencia personal, lo que incluso como han demostrado experiencias internacionales, resulta más eficiente para el gasto del Estado.
El cambio que Colombia espera con la elección del Pacto Histórico debe poner en el centro un Sistema en que el Estado asuma un rol cuidador para redistribuir y reducir el trabajo de cuidado que recae principalmente sobre las mujeres, generando el desarrollo de condiciones y oportunidades que permitan la participación plena de todas las personas en la sociedad y el desarrollo de proyectos de vida en condiciones de dignidad y autonomía para el buenvivir.
Para lograr el ¡EL CAMBIO ES CON LAS MUJERES!, será innegociable que esta apuesta se refleja con elementos fuertes y con contundencia en el Plan de Desarrollo Nacional, para ello este equipo ha construido un primer insumo que contribuya para que las mujeres de Colombia continuemos esta discusión y apuesta por Colombia Mundial de la Vida.
